Sin embargo, para entender su verdadera función, basta mirar el presente inmediato, donde la farsa cobra dimensiones grotescas. La reciente liberación de Alberto Fujimori, validada por un Tribunal Constitucional servil y ante la mirada pasiva de la Corte Suprema, expone la fragilidad de aquella "sentencia histórica" de San Martín. Lo que ayer fue un lauro para legitimar al Estado de Derecho, hoy se disuelve en el aire; demostrando que, para la burguesía, la legalidad es un chicle que se estira o se rompe según la necesidad política del momento. San Martín queda así, no como el verdugo del dictador, sino como el burócrata que administró una condena temporal necesaria para calmar las aguas, mientras el modelo económico fujimorista permanecía intacto e intocable.
Más aún, en la actual coyuntura de crisis política y represión, la figura de San Martín y sus pares adquiere un matiz siniestro. Mientras el régimen de turno —sostenido por las armas y el pacto congresal— criminaliza la protesta social, la casta judicial actúa como la retaguardia ideológica de la represión. Lejos de defender las garantías constitucionales del pueblo movilizado, la Corte Suprema emite casaciones y sentencias que equiparan la protesta con la extorsión y el vandalismo, blindando legalmente a las fuerzas del orden. En este contexto, San Martín no es un contrapeso al poder autoritario, sino su validador "civilizado", asegurando que la masacre de campesinos y obreros tenga un barniz de legalidad procesal.
Imaginémoslo como un viejo roble en el jardín neoliberal peruano: raíces hundidas en la tierra extractiva, ramas extendidas hacia los cielos de los privilegios, pero tronco hueco, alimentado por la savia de un sistema que margina a las masas. Esta casta judicial –jueces supremos, fiscales supremos, funcionarios de la JNJ y del Tribunal Constitucional– no es más que un grupo de "trabajadores" del Estado, sí, pero elevados subjetivamente por encima de su condición de asalariados. Como bien señalaba el Grupo de Propaganda Marxista(1), estos catedráticos y jueces "se han elevado subjetivamente por encima de su condición de asalariados y han jugado el papel de soporte político a sueldo del sistema burgués". ¡Qué poesía! Son los sirvientes disfrazados de señores, predispuestos a identificarse con los intereses del capital mientras el sistema deprime sus propias condiciones.
En el Perú neoliberal, este modelo extractivo y marginador, la casta administra una "justicia" constitucional que es, en esencia, la justicia de la burguesía. Como explicaba Lenin en El Estado y la Revolución, citando a Engels: "El Estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por otra". Aquí, el Poder Judicial actúa como el fiel cancerbero del capital, ladrando con vehemencia ante cualquier atisbo de cambio. Recordemos la reacción ante Pedro Castillo, el profesor rural que irrumpió en palacio como un vendaval campesino. ¡Oh, qué escándalo! La casta coordinó con la fiscalía y el aparato represivo para criminalizar a los luchadores, fabricando casos con sus servicios de inteligencia para destruir cualquier alternativa de origen popular.
Marx y Engels lo vieron claro en el Manifiesto Comunista: "El poder estatal moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa". En el Perú, la casta judicial es el baluarte de la reacción, defendiendo un modelo que extrae minerales y margina a indígenas, mientras ellos chorrean privilegios. Recientemente, se han autoaumentado salarios que superan los de cualquier mortal, financiados por tasas judiciales que asfixian a la población. Es como si el Estado fuera una ubre hinchada, y ellos, las garrapatas reales, succionando hasta la última gota mientras el proletariado se ahoga en la pobreza.
Desde una perspectiva de justicia democrática –o mejor dicho, de justicia proletaria–, estos no son más que trabajadores alienados, forjados en el fuego de la burocracia estatal. Pero, ¡ay!, el capitalismo los deprime. Aunque la tendencia objetiva, como advertía el Grupo de Propaganda Marxista, es romper ese bloque de poder e incorporarlos al movimiento de masas, en la práctica defienden sus intereses de grupo con uñas y dientes. No hay reforma posible; el Estado no se reforma desde dentro. Es un aparato de represión que debe ser neutralizado en un programa político revolucionario, empezando por cortar sus recursos, esa "teta privilegiada" de la que viven.
En fin, César San Martín, con su biografía de juez "incorruptible", no es sino el epítome de esta farsa: un asalariado de élite que juzga a los tiranos del ayer para perpetuar la tiranía de hoy. Como un verso de Vallejo en España, aparta de mí este cáliz, estos guardianes del orden burgués son "cadáveres de una vida que nunca fue", defendiendo un sistema caduco mientras el proletariado, la clase mayoritaria y revolucionaria, espera su hora. ¡Que la solidaridad de clase los despierte, o que la revolución los barra como hojas secas en el viento de la historia!
(1) Grupo de Propaganda Marxista: www.nodo50.org/gpm
